Tras detectar la venta de datos sensibles al fondo Burford, se desvinculó a más de 60 empleados y se eliminaron áreas clave. Aseguran que la filtración podría afectar la estrategia legal de Argentina en tribunales internacionales.
El Gobierno nacional confirmó una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación luego de detectar la venta de información vinculada al juicio por la expropiación de YPF, que involucra al fondo Burford Capital. La medida, según explicaron fuentes oficiales, implica una "purga interna" con más de 60 despidos, la disolución de direcciones nacionales y el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
El escándalo estalló días atrás, cuando se conoció que documentación confidencial del litigio fue filtrada y comercializada por personal del organismo. La información habría llegado a manos del fondo Burford, el principal demandante en el juicio que se tramita en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, donde está en juego el 51% de las acciones Clase D de YPF. La filtración podría comprometer seriamente la posición de Argentina al exponer su estrategia legal ante la justicia estadounidense.
Pese a la gravedad del hecho, el procurador Santiago Castro Videla fue ratificado en su cargo por el Poder Ejecutivo. "No se toca", afirmaron desde Casa Rosada, al tiempo que aclararon que la reestructuración apunta a las áreas administrativas de la Procuración, donde se habría producido la filtración.
La decisión se enmarca en el "proceso de transformación y racionalización del Estado" impulsado por el Ejecutivo. De acuerdo a un comunicado oficial, los cambios buscan "eficientizar el funcionamiento operativo del organismo, contribuir a la reducción del gasto público y garantizar un uso responsable de los recursos". Entre las medidas se destacan la reducción de seis a cuatro las Direcciones Nacionales y la eliminación de unidades jerárquicas consideradas innecesarias. Las funciones de formación legal quedarán a cargo de un centro más acotado, con apenas un tercio del personal que tenía la Escuela disuelta.
Desde la llegada de Castro Videla en enero, tras la salida de Rodolfo Barra, la planta de personal ya se había reducido en un 20%. Sin embargo, con la reciente filtración como detonante, se aceleró la reestructuración y se dispuso una revisión completa de funciones superpuestas y competencias estratégicas. Además, se restringieron los gastos en comitivas y viajes oficiales.
En paralelo, el juicio por la expropiación de YPF sigue su curso. Tras una serie de fallos adversos, la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la entrega de acciones a los fondos demandantes. Mientras tanto, altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos -según trascendidos- prepararían una nueva declaración en respaldo a la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, que lleva adelante el caso.
