

Despidos en Vialidad Urbana Corrientes: tensión con la policía durante marcha y protesta
La crisis en Vialidad Urbana escaló este jueves por la mañana en Corrientes capital. Tras el despido de más de 80 trabajadores de la planta de hormigón armado ubicada sobre avenida Maipú, los empleados cesanteados intentaron cortar la intersección de Catamarca y 3 de Abril, en señal de protesta.
Según confirmaron, los obreros despedidos denuncian que fueron echados sin previo aviso, pese a que les habían hecho firmar una planilla que garantizaba trabajo hasta diciembre. Todos se encontraban bajo modalidad de monotributo, y acusan al Gobierno provincial de incumplir los compromisos laborales.
La tensión aumentó cuando la Policía provincial impidió el bloqueo de la avenida, generando momentos de enfrentamiento verbal entre los manifestantes y los efectivos. Aunque no se registraron heridos, la protesta se pudo realizar y el tránsito estuvo interrumpido. Varios grupos policiales de choque acudieron al lugar.


ATE Corrientes sobre los reclamos que motivaron la movilización:La inmediata reincorporación de 80 trabajadores despedidos.
La reincorporación de nuestro delegado, el compañero Roberto Acosta.
La urgente aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
Denunciando la intromisión Ilegal y violación de derechos:
ATE Corrientes denuncia enérgicamente el accionar de las fuerzas de seguridad, que buscaron amedrentar e intimidar a los manifestantes. Este despliegue constituye un acto ilegal por parte de los gobernantes, cuya única finalidad es limitar, censurar y restringir el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales.
Los trabajadores de Vialidad y ATE exigimos respeto por nuestros derechos fundamentales a organizarnos, manifestarnos y sindicalizarnos libremente.
No permitiremos ninguna intromisión ni limitación por parte de las fuerzas de seguridad ni de las autoridades gubernamentales a la hora de reclamar por condiciones laborales dignas y el respeto irrestricto de la estabilidad laboral y la representación gremial.
La utilización de la fuerza policial para silenciar reclamos legítimos es una práctica antidemocrática que rechazamos de plano.