La CGT y la CTA-T pidieron $512.00 para noviembre y la CTA-A, $736.000. El sector empresario ofreció $326.000. La diferencia aleja la posibilidad llegar a un punto intermedio.
Con un salario mínimo que permanece inamovible desde agosto, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil retomó su actividad este miércoles. Según pudo saber TN, no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores, la reunión pasó a un cuarto intermedio y se encamina a que el Gobierno vuelva a laudar y definir el nuevo básico por decreto.
El encuentro se dio en un escenario marcado por el reclamo sindical ante la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la conflictividad social y la resistencia del sector privado.
La convocatoria oficial llegó después de seis meses sin reuniones y con una pérdida de ingresos que, según los cálculos difundidos por las centrales sindicales, supera el 30% real desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Este miércoles, desde la CGT pidieron por una remuneración básica de $512.000 y que llegue a $553.000 en abril. La propuesta de la central obrera coincidió con la de CTA de los Trabajadores. En tanto, desde la CTA Autónoma, exigen un piso más elevado, de $736.000.
No obstante, los empresarios ofrecieron que el básico suba de $322.000 a $326.000 para fin de año y pase a $349.000 en abril. Resta conocer la decisión que tomará el Gobierno.
Por su parte, la CTA-A recordó que "en abril las tres centrales coincidieron en que el salario mínimo debía ubicarse en $644.000, y que la actualización progresiva llevaría ese valor a $736.000 en noviembre", por lo que reclamó aumentos por encima de la inflación hasta alcanzar la Canasta Básica total.
Como sucedió en las ocasiones anteriores, si no se llega a un acuerdo, el Gobierno deberá laudar en la diferencia y establecer el nuevo salario mínimo por decreto.
El haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1610 por hora. La actualización que rige desde hace cuatro meses no logró superar la inflación acumulada, lo que profundizó la caída real del ingreso y dejó al salario básico por debajo del nivel de 2001, según cálculos sindicales. También se ubicó como el más bajo de la región medido en dólares.
Este atraso tiene un impacto directo en las prestaciones sociales que dependen del Salario Mínimo, Vital y Móvil para su cálculo. A la par, las organizaciones sindicales denuncian que los programas de trabajo y acompañamiento social están congelados y que cualquier modificación a la movilidad prevista en el Presupuesto 2026 agravaría aún más la situación.
Pero además, el salario mínimo sirve como parámetro para los trabajadores informales, por eso su impacto es mucho más amplio que lo que tiene que ver con lo formal.
Antes del llamado a la mesa de negociación, las dos CTA enviaron una carta formal al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que reclamaron una canasta "objetiva" que sirva como parámetro para fijar el salario básico. También cuestionaron la continuidad de las sesiones virtuales, heredadas de la etapa de pandemia, porque consideran que limitan la transparencia y obstaculizan la dinámica de negociación entre trabajadores y empleadores.
Los principales referentes de la economía popular plantean que el valor actual del salario mínimo volvió inviable la vida cotidiana de los trabajadores informales, cooperativistas y quienes sostienen espacios de cuidado o comedores comunitarios. En ese universo, el Salario Social Complementario -que quedó en $78.000- es señalado como un ingreso "pulverizado" frente al aumento de precios.
Por eso, en paralelo a la deliberación del Consejo, sindicatos, movimientos piqueteros y organizaciones de la economía popular se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo. La UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial encabezaron la concentración desde las 11 en la sede de Trabajo. Se organizaron bajo la consigna de que el salario mínimo debe igualar la Canasta Básica Total, hoy estimada por el INDEC en más de $1,2 millones para una familia integrada por dos adultos y dos chicos.
Además del reclamo salarial, las organizaciones insisten en que el Gobierno debe otorgar un bono de fin de año y actualizar los programas sociales. Señalan que la política oficial deterioró el tejido social y advierten que diciembre será un mes atravesado por nuevas protestas, asambleas y movilizaciones en todo el país.
