DOS DÉCADAS DE TERROR. Fue captada a los 14 años y obligada a trabajar sin sueldo ni libertad. La acusada manejaba todo a distancia, con cámaras y supervisión remota desde Los Ángeles.
Una mujer identificada como E.E.S., residente en Los Ángeles (Estados Unidos), fue imputada este jueves por la Justicia de Rosario acusada de someter a la servidumbre a la cuidadora de su madre, en un caso que la Fiscalía investiga como trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.
La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal de Rosario, señala que la víctima -hoy de 37 años- fue captada en la provincia de Corrientes y trasladada a Rosario en 2003, cuando tenía 14 años. Desde entonces habría realizado tareas domésticas de manera continua durante 22 años, sin remuneración, sin descansos, vacaciones, aguinaldo ni cobertura médica o aportes previsionales.
La dinámica de explotación
Según la acusación, la joven vivía en la casa de la madre de la imputada, en el barrio Martin, donde cumplía jornadas completas y permanecía sin posibilidad de retiro. La explotación habría continuado hasta octubre de este año, cuando un allanamiento de la Policía Federal, junto al programa de Acompañamiento a Víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos, permitió detectar la situación.
E.E.S., quien reside en Estados Unidos, habría administrado el domicilio y ejercido control a distancia mediante cámaras de seguridad y un teléfono que le entregó a la víctima para asegurarse de que permaneciera dentro de la vivienda.
Si bien las fiscales aclararon que no imputan a la acusada por la totalidad de los 22 años de explotación, sí remarcaron que existen "conductas penalmente relevantes", ya que desde 2022 -cuando comenzó a gestionar la casa en lugar de su madre- tenía la posibilidad de hacer cesar la situación de servidumbre y no lo hizo.
La audiencia
La imputada participó de la audiencia por videollamada desde Los Ángeles, acompañada por su abogado defensor, Gustavo Feldman. La víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, además de contar con el acompañamiento interdisciplinario de la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio.
La Fiscalía calificó los hechos como trata de personas bajo la modalidad de acogimiento, doblemente agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la consumación de la explotación.
