CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN MARCHA. La crisis del transporte urbano en la capital correntina entra hoy en una instancia clave. A las 9 de hoy está prevista la primera audiencia formal de la conciliación obligatoria entre las empresas concesionarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes, con el objetivo de destrabar el conflicto salarial que el jueves y parte del viernes último dejó a la ciudad por más de 36 horas sin colectivos, y volvió a exponer la fragilidad del sistema.
La reunión fue convocada por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y se desarrolla en un contexto particularmente tenso: las partes están legalmente obligadas a negociar, sin medidas de fuerza, y con una advertencia explícita del Municipio capitalino de que no existen más recursos disponibles para incrementar los subsidios al transporte público.
La conciliación obligatoria, que rige por un plazo de 15 días hábiles, forzó el levantamiento del paro que en parte paralizó la ciudad. Sin embargo, lejos de resolver el problema de fondo, abrió un compás de espera en el que el diálogo aparece como la única salida posible para evitar nuevos conflictos que, como ocurrió una vez más, terminaron castigando a los usuarios.
El origen de la disputa es el reclamo salarial de la UTA, que exige elevar el salario básico de los choferes de $1.200.000 a $1.370.000 en blanco, además de un incremento del viático diario de $8.000 a $13.000. Desde el sindicato sostienen que se trata de la aplicación de un acuerdo nacional, mientras que las empresas advierten que no están en condiciones de afrontar esos montos.
En el medio, el Municipio fijó una postura tajante. El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, reiteró que la Comuna ya realiza "esfuerzos extraordinarios" para sostener el sistema y que destina más de $10.000 millones anuales -cerca del 6% del presupuesto- en subsidios directos y en el boleto estudiantil gratuito. "Más de lo que el Municipio está poniendo es absolutamente imposible", afirmó.
Ese límite financiero condiciona de manera directa la negociación que comienza hoy. Sin margen para nuevos aportes estatales, cualquier acuerdo deberá surgir exclusivamente del entendimiento entre empresas y sindicato, en un sistema que arrastra problemas estructurales y una ecuación económica cada vez más ajustada.
El conflicto reciente dejó, además, otros elementos en evidencia: servicios prestados de manera desigual entre empresas, unidades atacadas a piedrazos durante el paro y una ciudad virtualmente paralizada, con trabajadores, estudiantes y adultos mayores obligados a buscar alternativas costosas o directamente a resignar actividades.
Desde el Ejecutivo municipal también se anticipó que se aplicarán las multas correspondientes a las empresas que no cumplieron con el servicio durante la medida de fuerza, al considerar que se violaron los contratos de concesión vigentes. Pero el mensaje más fuerte apunta al futuro inmediato del sistema.
En abril próximo se abrirá el proceso licitatorio para la nueva concesión del transporte público urbano en la capital. Ese dato no es menor: allí se evaluará el cumplimiento de los contratos actuales, la calidad del servicio y la sustentabilidad del esquema, en un contexto donde el conflicto laboral se ha vuelto recurrente.
"Entendemos los intereses sectoriales, tanto de las empresas como del gremio, pero no se puede negociar bajo presión", sostuvo Barrios, al subrayar que la conciliación obliga a discutir con el servicio funcionando y sin paros que perjudiquen a los usuarios.
La audiencia de hoy marcará, así, el primer intento formal de encauzar un conflicto que excede lo salarial y que pone en juego el presente y el futuro del transporte público en Corrientes. Con recursos agotados, contratos en revisión y una licitación en puerta, las empresas y la UTA no solo están convocadas: están obligadas a negociar.
