CORRIENTES. Advierten sobre el cierre de un camino estratégico y la falta de control en uno de los portales más importantes del área protegida. Autoridades locales alertan por riesgos ambientales y consecuencias económicas para la comunidad.
El Municipio de San Miguel denunció la detección de caza furtiva, el cierre irregular del camino de acceso y la ausencia de control institucional en el Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes. Los hechos fueron detectados durante los primeros días de diciembre de 2025, tras el cierre del acceso ese mismo mes, y la alerta pública fue difundida este martes 13.
Según informaron autoridades locales, el camino que permite llegar al portal permanece cerrado con candados pese a contar con servidumbre de paso, lo que impide el ingreso a senderos, miradores y al puerto. Esta situación, sumada a la reducción de guardaparques y a la falta de inspectores de Fauna y Flora y de personal policial suficiente, habría facilitado el avance de la caza ilegal en un área clave para la conservación y el turismo de naturaleza.
La gravedad del escenario se refuerza por la importancia ambiental del Portal San Nicolás, considerado un acceso estratégico para el avistaje de fauna silvestre. En la zona habitan especies de alto valor de conservación como el yaguareté -con al menos siete individuos registrados en el área-, el venado de las pampas, el oso hormiguero gigante y el pecarí de collar.
De acuerdo con registros obtenidos mediante cámaras trampa y videos, se detectó la presencia de tres personas a caballo, armadas con armas de fuego y blancas, acompañadas por perros y transportando animales muertos, entre ellos carpinchos y mulitas. Las autoridades señalaron que actualmente no hay un guardaparque permanente en el portal, ya que el personal fue trasladado al casco urbano.
Desde el Municipio de San Miguel reclamaron una mayor presencia de guardaparques e inspectores en la zona y la creación de una Fiscalía local que permita agilizar las causas judiciales vinculadas a delitos ambientales. Advirtieron que la falta de control no solo provoca un daño directo a la fauna protegida, sino que también perjudica al turismo de naturaleza y a las familias que dependen de esa actividad como principal fuente de ingresos.
