SOLICITUD A LA JUSTICIA DE EE.UU. Presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska para que declare al país en desacato por presuntos incumplimientos en la entrega de comunicaciones. El Gobierno rechaza la acusación y apuesta a una apelación clave.
Se abre un nuevo capítulo en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina enfrenta una condena en primera instancia por US$ 16.100 millones más intereses. Este jueves, los demandantes presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que el país sea declarado en desacato y que se le apliquen sanciones, en el marco de un conflicto vinculado al proceso de discovery.El planteo será realizado por los beneficiarios del fallo —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital—, quienes sostienen que la Argentina incumplió una orden judicial que exige la entrega de correos electrónicos y comunicaciones por servicios de mensajería, como WhatsApp, de funcionarios y exfuncionarios. Según su postura, las demoras y la falta de entrega completa del material justificarían la aplicación de sanciones.
La defensa argentina, en tanto, prevé responder el próximo 19 de febrero. Desde el Gobierno cuestionan la legalidad del requerimiento y sostienen que parte de la información solicitada corresponde a comunicaciones personales protegidas por la Constitución. Además, remarcan que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.
El conflicto se centra en una orden de Preska que obliga al país a producir comunicaciones digitales de determinados funcionarios de la actual gestión y de etapas anteriores. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los involucrados ya cumplió con el requerimiento, aunque al 12 de enero restaban seis funcionarios que no habían entregado ese material, según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, que sigue el proceso judicial.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la acusación de desacato. “La República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes”, indicaron fuentes oficiales, y señalaron que no puede haber sanciones hasta que el país ejerza plenamente su derecho a defensa y la jueza analice el fondo del planteo. En ese marco, insistieron en que la orden cuestionada es ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense.
Los demandantes, por su parte, sostienen que el país incurre en maniobras dilatorias. En presentaciones previas advirtieron que, de no obtener la información requerida, avanzarían con pedidos de sanciones, incluidas multas y presunciones adversas. También solicitaron que se fije un cronograma específico para tratar el desacato, con fechas para la respuesta argentina, una eventual réplica y una audiencia probatoria.
El trasfondo del conflicto apunta a determinar si distintas entidades públicas, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, pueden ser consideradas “alter ego” del Estado. De prosperar esa tesis, los demandantes podrían intentar embargos sobre activos de esos organismos para cobrar la sentencia. Para ese objetivo, consideran clave acceder a comunicaciones internas de funcionarios.
El Gobierno rechaza esa interpretación y afirma que el discovery ya demandó casi dos años de trabajo, con la producción de más de 110.000 documentos y comunicaciones oficiales, dentro de los límites legales y constitucionales.
Tras el escrito que presentarán los demandantes este jueves, la Argentina responderá el 19 de febrero y la contrarréplica está prevista para el 5 de marzo. Luego, en audiencias fijadas para fines de ese mes, Preska definirá si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones, mientras sigue su curso la apelación principal contra la sentencia por la expropiación de YPF, sin fecha definida para su resolución.
