El Ejecutivo evalúa reducir en un 10% la planta estatal en una nueva fase del ajuste. ATE advierte con adelantar un paro nacional si avanzan los despidos.
El Gobierno nacional evalúa una nueva reducción de la planta estatal que podría alcanzar el 10% del total de empleados públicos. Según datos oficiales del Indec, el Estado nacional —incluyendo administración central, empresas y sociedades— cuenta con 285.570 trabajadores, por lo que el recorte proyectado rondaría las 28.000 personas.
La nueva etapa del ajuste, identificada por el oficialismo como parte del "plan motosierra", está bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ambos trabajan en la redefinición del mapa estatal y en la identificación de áreas donde se aplicará el recorte.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la administración pública ya atravesó un fuerte proceso de desvinculaciones: más de 58.000 trabajadores fueron desafectados, según los registros oficiales de septiembre. La mayor parte de esos despidos se concentró en organismos centralizados del Estado.
En esta nueva fase, la atención del Ejecutivo se desplaza hacia los organismos descentralizados. Entre los entes en la mira figuran la ANSES, el Indec, el Arca y la Oficina Anticorrupción. La expectativa en Casa Rosada es que allí se produzca una parte sustancial del recorte proyectado.
La posible ola de despidos generó una respuesta inmediata por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que analiza adelantar el paro nacional previsto para el debate legislativo de la reforma laboral. La conducción gremial sostiene que el sector público "no resiste más ajustes".
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue especialmente crítico con Sturzenegger. Afirmó que el funcionario "viene por los estatales" y advirtió que el gremio también responderá con medidas directas. Exigió además la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.
Aguiar sostuvo que el Gobierno "miente" al justificar los ajustes por razones presupuestarias y dijo que el trasfondo es ideológico. Señaló que los trabajadores contratados representan menos del 0,5% del gasto público, mientras que la deuda externa supera el 25% del presupuesto anual.
Para el sindicato, el recorte del 10% no solo implica la pérdida potencial de 28.000 empleos, sino también un rediseño del Estado alineado —según su visión— con los intereses de grandes grupos económicos. La tensión entre el Ejecutivo y los gremios promete escalar a medida que se acerque la fecha límite de los contratos y avancen los planes oficiales de reducción de la planta estatal.
