Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, representantes de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, del Partido Socialista, impulsaron este lunes una acción judicial y una medida cautelar para detener los efectos del DNU 941/2025.
La denuncia apunta a que esa norma, que modificó la funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), habilita a detener personas, una facultad que corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad, y por ello, consideran que es inconstitucional.
El caso fue sorteado y quedó en manos del Juzgado en lo Contencioso-Administrativo N°4, a cargo de la jueza Rita Alián.
Los legisladores argumentan que el decreto viola la Constitución Nacional, ya que modifica la Ley de Inteligencia Nacional sin presentar una justificación de urgencia que legitime el uso del DNU.
Además, señalan que el decreto se adentra en materia penal, lo cual está prohibido para el Poder Ejecutivo.
En el escrito presentado ante la Justicia, también critican la concentración del espionaje en el Poder Ejecutivo, alertando sobre posibles riesgos de persecución política y de una eventual militarización de la seguridad interna. Por otro lado, cuestionan si el personal de inteligencia tiene la capacidad legal para realizar detenciones, lo cual vulneraría derechos humanos y el debido proceso.
El decreto fue firmado por Javier Milei y su gabinete en el último día hábil del año, justo después de que concluyeran las sesiones extraordinarias y el Congreso entrara en receso.
La oposición manifestó su rechazo y reclamó con urgencia la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, aunque el oficialismo busca dilatar esa discusión, al menos hasta febrero próximo.
Esa comisión, que tiene carácter permanente, debería ya estar funcionando con sus nuevos integrantes tras la renovación de ambas cámaras, pero la responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem por Diputados y Victoria Villarruel por el Senado. Sin embargo, en la bancada libertaria ya anticiparon que, en estos primeros veinte días de enero, el Congreso permanecerá cerrado.
La medida cautelar tiene como principal argumento la contradicción temporal. Los diputados sostienen que el Poder Ejecutivo pudo haber incluido estas reformas en las leyes de las sesiones extraordinarias o haberlas prorrogado. "Estamos frente a una construcción política de una necesidad y una urgencia que no tienen sustento fáctico. Por eso, este Decreto no pasa ningún control de constitucionalidad", afirman en el escrito.
También advierten sobre el contenido del decreto, en particular que “se politiza la inteligencia”.
Entre las principales modificaciones, la gestión de Milei busca transferir la autoridad de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete, mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), a cargo de Manuel Adorni.
Los demandantes consideran que estos cambios “introducen una centralización absoluta y total bajo una misma estructura, dependiente del Poder Ejecutivo”, lo que podría afectar la independencia y objetividad que debe tener la inteligencia estratégica. Además, alertan que esto puede convertir a la Secretaría de Inteligencia en una herramienta de persecución contra periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de “seguridad estratégica”.
También cuestionan la facultad que el DNU otorga al personal de inteligencia para realizar detenciones, algo que, aseguran, corresponde a las fuerzas de seguridad y que viola la prohibición de legislar en materia penal mediante decretos.
“Cualquier persona puede ser considerada, por indicación del Poder Ejecutivo, una amenaza a la estabilidad del Estado”, advierten. Además, consideran que la ampliación de las categorías de inteligencia y contrainteligencia “tiene un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta o disenso político”.
Por último, critican que el DNU establezca que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”, lo cual, según ellos, va en contra del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.
