La resolución fue firmada este miércoles por el juez interviniente tras la presentación realizada el día anterior por un grupo de trabajadores. La empresa deberá depositar $142.680.903,17 en el Banco de Corrientes.
En una resolución sumaria, el juez laboral Ariel Brest hizo lugar este miércoles a una medida autosatisfactiva promovida por un grupo de empleados contra la firma EMILIO ALAL S.A.C.I.F.I., y ordenó el depósito de una suma millonaria en concepto de créditos laborales reclamados por ex empleados despedidos.
De acuerdo a la información a la que accedió el cronista de Radio Sudamericana Rafael Palacios, el juez resolvió “hacer lugar a la medida autosatisfactiva promovida por la parte actora contra EMILIO ALAL S.A.C.I.F.I., condenando a esta última a depositar en el Banco de Corrientes S.A., dentro de los diez días de consentido o ejecutoriado el presente fallo, a la orden de este Juzgado y Secretaría, la suma de $142.680.903,17, correspondiente al total de los rubros liquidados en la planilla practicada”, es decir el 50% de las indemnizaciones.
La decisión judicial fue adoptada apenas un día después de presentada la acción, en función del carácter urgente del planteo.
La medida autosatisfactiva es una herramienta procesal excepcional que se concede cuando existe urgencia manifiesta y la verosimilitud del derecho invocado permite anticipar tutela judicial sin necesidad de un proceso ordinario prolongado. En este caso, el magistrado entendió que se daban los requisitos para ordenar el depósito inmediato de los montos reclamados.
De acuerdo a la información proporcionada, el reclamo fue impulsado por un grupo de trabajadores representados por el estudio jurídico del doctor Carlos Pérez. Se aclaró que no todos los empleados involucrados en la situación cuentan con la misma representación legal, ya que existen otros grupos que tramitan sus reclamos con distintos abogados.
La resolución establece que la empresa deberá realizar el depósito de la suma indicada en el Banco de Corrientes S.A., a la orden del juzgado y secretaría intervinientes, dentro del plazo de diez días una vez que el fallo quede firme o consentido.
El monto fijado, $142.680.903,17, corresponde al total de los rubros liquidados conforme a la planilla practicada en el expediente, integrada al pronunciamiento judicial.
